Santo Domingo. El inicio de repatriaciones masivas de ciudadanos haitianos desde Estados Unidos y otros países de Europa podría generar una fuerte presión migratoria sobre la República Dominicana, en medio de la profunda crisis social, económica y política que atraviesa Haití, actualmente bajo el control de bandas criminales.

La advertencia fue realizada por el presidente del Instituto Duartiano (ID), Wilson Gómez Ramírez, y el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), Juan Pablo Uribe, tras la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití el pasado 27 de julio de 2026, medida que deja expuestos a deportación a más de 350,000 haitianos en territorio estadounidense.

Las declaraciones se produjeron en el marco del acto de entrega de la medalla conmemorativa del 150 aniversario del fallecimiento de Juan Pablo Duarte, otorgada por Efemérides Patrias al Instituto Duartiano.

Ambos coincidieron en que las deportaciones ejecutadas por Estados Unidos responden al ejercicio de su soberanía, en cumplimiento de sus leyes migratorias, lo que —según indicaron— no genera cuestionamientos por parte de organismos internacionales.

“Cada país tiene derecho a asumir su política migratoria, que no es más que la expresión de su soberanía”, expresó Gómez Ramírez, al tiempo que contrastó esta postura con las críticas que recibe la República Dominicana cuando implementa operativos de repatriación.

En ese sentido, señalaron que mientras otras naciones ejecutan deportaciones sin mayores objeciones, en el caso dominicano surgen denuncias inmediatas de supuestas violaciones a derechos humanos por parte de organismos y agencias internacionales.

No obstante, advirtieron que el retorno masivo de haitianos desde Estados Unidos representa un riesgo directo para la República Dominicana, debido a que muchos de los repatriados no permanecerían en Haití, dadas las condiciones de inestabilidad que imperan en ese país.

“Quien ha vivido en Estados Unidos difícilmente se adaptará a la realidad haitiana actual”, sostuvo Gómez Ramírez, al insistir en que esta situación podría provocar un desplazamiento hacia territorio dominicano.

Por su parte, Juan Pablo Uribe afirmó que existe una alta probabilidad de que los haitianos deportados intenten ingresar a la República Dominicana, lo que —a su juicio— pondría en riesgo la soberanía nacional y la integridad demográfica del país.

Uribe subrayó que la crisis haitiana constituye “el principal problema estratégico para la existencia misma de la nación dominicana” y advirtió que sectores de la comunidad internacional promueven que la solución a la situación de Haití recaiga sobre República Dominicana.

Asimismo, instó a las autoridades migratorias a dar seguimiento al destino de los repatriados y reforzar los controles fronterizos ante el agravamiento del escenario regional.

Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de que organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), asuman un rol más activo en la búsqueda de soluciones estructurales para Haití.

La preocupación se produce luego de que una jueza federal en Estados Unidos levantara el último obstáculo judicial que impedía la cancelación del TPS para Haití, abriendo el camino para la ejecución de deportaciones masivas por parte de la administración del presidente Donald Trump.

El fin de este programa humanitario deja sin protección migratoria a más de 350,000 haitianos, en un contexto marcado por la creciente inseguridad, colapso institucional y crisis humanitaria en Haití.